“Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte”.


El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Eutanasia denominado “Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte”. Tiene como misión principal el hacer prevalecer los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso.

Con todo, la polémica se centra en la resbaladiza senda que abre el proyecto de ley, al hacer prevalecer los derechos del paciente que exprese su deseo de limitar las medidas de soporte vital; aunque se señala que esto sólo se hará cuando éstas provoquen una obstinación o encarnizamiento terapéutico, está por ver bajo que controles se dictamina esta circunstancia, sobre todo dado que el proyecto establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención.

El texto  también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar también las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.  Es decir, va allanando el terreno a costa de minar el derecho a la objeción de conciencia.
Visto todo ello, se concluye en la absoluta falta de necesidad de esta futura norma, pues todos los aspectos que menciona ya están regulados por diversas leyes. Ello hace temer, a la hora de buscar sentido a la nueva disposicion que promueve la Junta, que se esté favoreciendo un instrumento legal  que favorezca  de forma solapada la práctica de la eutanasia.